El tráfico de influencias es la práctica ilegal, o al menos moralmente reprobable, de utilizar la influencia personal en el gobierno o incluso en los sectores comerciales.
Mediante las relaciones con las personas y la obtención de favores o trato preferencial. A pesar de ser un delito se puede observar con bastante frecuencia en las instituciones tanto públicas como privadas.
¿Dónde está regulado el tráfico de influencias?
El comercio de los efectos se prescribe entre los 428 y 430 del Código Penal. Todos están en el Título XIX (Crimen contra la Administración Pública), Capítulo VI (tráfico comercial).
El tipo básico está en el artículo 428: La agencia oficial o pública ha afectado a un agente u otro gobierno al buscar la implementación de las facultades de su posición o cualquier otra situación derivada de una relación personal.
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Crea indirectamente ventajas económicas para sí mismo o para un tercero, conducirá a la prisión de proyectos de seis meses a dos a dos años.
La multa de duplo del servicio se suprime y obtenga un estándar especial para el empleo o las oficinas públicas e implementar la Responsabilidad del año hasta nueve años.
Si obtiene el beneficio suprimido, estas sanciones se impondrán a su mitad. Esto se encuentra estipulado en el artículo 428 CP.
¿Qué infracciones de tráfico de influencias son punibles?
En materia de comercio se sancionarán las siguientes infracciones:
La influencia que ejerce un organismo poderoso, funcionario público o individuo sobre otra autoridad o funcionario público para tomar una decisión particular con el fin de crear una ventaja económica.
Exigir a una agencia o funcionario público que brinde una solución adecuada a un problema a cambio de un obsequio, obsequio u otra forma de remuneración.
¿Cuál es el comportamiento típico de promoción de las influencias punibles?
La acción necesaria para poder hablar sobre el efecto de la promoción es una propuesta de beneficio prejuzgada.
Es decir, la revelación por sí sola no es suficiente para satisfacer este pecado, debe ser realizada por una persona en un cargo superior, ejerciendo una presión moral incompatible con el cargo.
¿Cuál es el propósito del delito de promoción de influencias?
Quien comete el delito de abuso de poder busca una ganancia económica. Sin embargo, no debe olvidarse que lo que se sanciona es una influencia directa sobre el fallo en la decisión que despierte el interés antes mencionado.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la promoción de influencias?
Las consecuencias legales del tráfico de influencias están previstas en estos dos artículos del Código Penal:
Esto se encuentra estipulado en el artículo 428 del código penal.
De seis meses a dos años de prisión. Multa equivalente al doble de la ganancia deseada u obtenida. Discapacidad especial debida al trabajo o al deber oficial de cinco a nueve años.
De seis meses a dos años de prisión. Multa equivalente al doble de la ganancia deseada u obtenida.
Prohibición de contratar con el sector público, pérdida de la capacidad de recibir subsidios o ayudas públicas, y derecho a beneficiarse de incentivos fiscales y previsionales por un período de seis a diez años.
Resulta extraño utilizar el término «rasgo obtenido» en estas cláusulas, ya que también establece que si ya se ha obtenido la ventaja, el castigo se pronunciará en la mitad superior de la misma.
¿Puede una persona jurídica ser responsable penalmente por el delito de promoción de influencias?
El contenido del artículo 430 del Código Penal estipula que las personas jurídicas pueden ser consideradas penalmente responsables por el delito de compra y venta de bienes influyentes.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 bis, las personas jurídicas responsables de los delitos previstos en este capítulo serán sancionados con multa de seis meses a dos años.
Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 66 del Código Penal, para la aplicación de la sanción deben cumplirse las siguientes condiciones que mencionaremos a continuación:
Debe evitarse la continuación de la actividad delictiva o sus efectos. Consecuencias e impactos económicos y sociales sobre los trabajadores.
El cargo que ocupa una persona física o un organismo que incumpla su obligación de controlar la estructura de una persona jurídica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.7 del Código Penal, las formas de sanción que se pueden aplicar si se cumplen las condiciones anteriores son:
Disolución de personas jurídicas. Suspensión del negocio de la empresa por un período menor a 5 años. Cerrar la sede de la persona jurídica por un período inferior a cinco años.
Está prohibido recibir subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y beneficiarse de incentivos e incentivos fiscales, o de la seguridad social, por un período inferior a 15 años.