La presunción de inocencia es un derecho primordial que garantiza a toda persona su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Este es un principio jurídico penal el cual establece como norma la inocencia de una persona.
Este derecho lo tiene toda persona que haya sido sometida a un proceso penal y lo tendrá hasta que se declare lo contrario a través de una sentencia judicial firme. La presunción de inocencia existe hasta que un juez no dicte una sentencia firme donde se manifieste que una persona es culpable por haber cometido un delito.
¿Qué es la presunción de inocencia?
La presunción de inocencia es un derecho que toda persona acusada de cometer algún delito tiene hasta que no sea condenada. Sólo que su culpabilidad haya sido declarada por un juez en una sentencia firme después de un juicio justo.
La regulación de la presunción de inocencia se encuentra en la Constitución Española, Título I donde se establecen los derechos y deberes fundamentales. En el Capítulo II que corresponde a los Derechos y libertades, Sección 1ª sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas.
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La presunción de inocencia también es un derecho para todos los individuos en la Unión Europea. Este derecho se encuentra establecido en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Esta figura es reconocida en diferentes reglamentos internacionales que tratan sobre los derechos humanos. Entre ellos están los siguientes:
El artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de fecha 1948.
El artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la presunción de inocencia de forma indirecta.
El artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos con fecha de 1969.
El artículo 7 b correspondiente a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esto se encuentra en la Carta de Banjul, de fecha 1981.
Este derecho le garantiza a todo encausado o investigado sometido a un proceso penal, que será tratado como si fuese inocente. El derecho de presunción de inocencia estará vigente hasta que una sentencia firme establezca la pena.
¿Cómo funciona la presunción de inocencia en un proceso penal?
La presunción de inocencia en el proceso penal está garantizada y se ampara en lo que establece el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo tiene como objetivo proteger la presunción de inocencia.
Esta figura además tiene una doble aplicación en el proceso penal, que son las siguientes:
En el ámbito penal la presunción de inocencia es una regla de tratamiento, debido a que establece que el investigado o encausado se debe tratar como si fuese inocente. Este tratamiento se le debe dar durante todo el proceso penal y mientras no haya una sentencia firme.
La presunción de inocencia en el ámbito penal también se aplica como una norma de juicio. Esto se debe a que el juez en el derecho penal parte de la presunción de inocencia del encausado o investigado para comenzar el juicio. Además la norma general es que la acusación tenga la mayor cantidad de pruebas posibles para demostrar la culpabilidad del encausado.
El juez podrá considerar la prueba de acuerdo al principio de libre valoración de la prueba establecido en el artículo 741.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero solo puede valorar las pruebas que permitan agotar o debilitar el derecho de la presunción de inocencia.
Por otro lado, la jurisprudencia con el fin de evitar que se viole el derecho de presunción de inocencia, decidió modificar los términos. Para ello el término acusado o imputado fue cambiado por el de investigado o encausado.
Estos términos en el ámbito penal significan lo mismo, pero con ello se busca evitar darle el tratamiento de culpable a una persona que no ha sido juzgada. Esto también evitará que el público trate como culpable a una persona que aún no ha sido juzgada.
¿Cómo se viola el derecho de presunción de inocencia?
El derecho de presunción de inocencia es violentado cuando una persona acusada de haber cometido un delito o una infracción es tratada como culpable. Esto se hace sin haber investigado al encausado y sin que existan la pruebas para comprobar la veracidad de la acusación.