Delito de Lesiones en España: Art. 147-152 CP, Tipos y Penas

Delito de Lesiones en España 2026: Tipos, Penas y Defensa — Arts. 147-156 CP

El delito de lesiones es uno de los tipos penales más frecuentes en los tribunales españoles. Desde una pelea callejera hasta un accidente de tráfico, pasando por la violencia doméstica o la negligencia médica, las lesiones corporales y psíquicas encuentran respuesta en el Capítulo II del Título III del Código Penal (arts. 147-156 bis). Esta guía analiza en profundidad cada modalidad delictiva, sus penas, los criterios jurisprudenciales clave y las estrategias de defensa más habituales.

Qué es el delito de lesiones

El delito de lesiones consiste en causar a otra persona un menoscabo en su integridad corporal o en su salud física o mental. Su esencia radica en la afectación real a la salud del sujeto pasivo, lo que lo distingue de otras infracciones próximas como las amenazas (art. 169 CP), que se consuman con la generación de un temor fundado, o las coacciones (art. 172 CP), que afectan a la libertad de obrar sin necesidad de resultado lesivo.

El elemento subjetivo exigido con carácter general es el dolo: el autor debe querer la producción del resultado lesivo (dolo directo de primer grado) o, al menos, representarse dicho resultado como consecuencia probable de su acción y aceptar su producción (dolo eventual). La imprudencia solo es punible en los supuestos expresamente contemplados por la ley —art. 152 CP—, y únicamente cuando es grave o, en los términos de la reforma de 2015, menos grave.

El umbral que separa el tipo básico del art. 147.1 CP del supuesto atenuado del art. 147.3 CP es el concepto de tratamiento médico o quirúrgico. La jurisprudencia del Tribunal Supremo distingue con precisión entre la mera «primera asistencia facultativa» —acudir a urgencias para que el médico valore el estado del paciente, aplique una cura puntual y lo dé de alta— y el «tratamiento» propiamente dicho, que implica un plan terapéutico que exige actos médicos sucesivos orientados a la sanación. Esta distinción tiene consecuencias prácticas enormes: la pena puede oscilar entre una multa de uno a dos meses (art. 147.3) y la prisión de seis meses a tres años (art. 147.1).

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, las antiguas faltas de lesiones quedaron suprimidas. Las lesiones leves en contextos ordinarios pasaron a regularse en el art. 147.2 y 147.3 CP; las lesiones leves entre parejas o expareja continuaron en el art. 153 CP; y las lesiones leves que no lleguen ni siquiera a la primera asistencia quedaron fuera del ámbito penal.

Marco legal: Arts. 147-156 CP

El Capítulo II del Título III del Libro II del Código Penal agrupa bajo la rúbrica «De las lesiones» un conjunto de preceptos que forman una escala de gravedad ascendente:

• Art. 147 — Lesiones básicas, subdivididas en tres apartados según la gravedad del resultado y la asistencia requerida.
• Art. 148 — Lesiones agravadas por las circunstancias del hecho o del sujeto pasivo.
• Art. 149 — Lesiones muy graves que causan pérdida o inutilidad de órgano principal, impotencia, esterilidad, deformidad grave o enfermedad somática o psíquica grave.
• Art. 150 — Lesiones graves que causan pérdida o inutilidad de órgano no principal o producen deformidad.
• Art. 151 — Provocación, conspiración y proposición para cometer los delitos de los arts. 149 y 150.
• Art. 152 — Lesiones causadas por imprudencia grave o menos grave.
• Art. 153 — Lesiones leves y menoscabo psíquico en el ámbito de la pareja o expareja (violencia de género y doméstica).
• Arts. 155-156 — Modificaciones punitivas por consentimiento de la víctima y por actividades de trasplante, cirugía, experimentación o donación.

Esta estructura permite que el juez o tribunal aplique la norma que corresponda al resultado efectivamente causado, con independencia de la intención inicial del autor. Si alguien propina un puñetazo y la víctima sufre únicamente un hematoma que se trata con una bolsa de frío, el hecho podrá ser art. 147.3 o incluso carecer de relevancia penal. Si la misma conducta produce fractura ósea que exige inmovilización y seguimiento traumatológico, el hecho será art. 147.1. Y si la fractura afecta a la visión de un ojo de forma definitiva, el resultado podría calificarse como art. 149.

Tabla de penas por tipo de lesiones

Lesiones básicas (Art. 147 CP)

El artículo 147 CP es la piedra angular del sistema. Su apartado primero tipifica las lesiones que, para su curación, requieren tratamiento médico o quirúrgico, fijando una pena de prisión de seis meses a tres años. El juicio de tipicidad exige, por tanto, dos elementos: la producción de una lesión y la necesidad objetiva de un tratamiento que vaya más allá de la primera asistencia.

La distinción entre primera asistencia y tratamiento médico es el punto más litigioso en la práctica. El Tribunal Supremo ha precisado, entre otras en la STS 1009/2012, que existe tratamiento médico cuando el facultativo establece un plan terapéutico que implica actuaciones médicas sucesivas, orientadas a la curación o a evitar un empeoramiento. El mero hecho de que el médico de urgencias examine al paciente, le realice una radiografía, descarte lesiones graves y lo dé de alta con analgésicos es, en principio, primera asistencia. En cambio, si el mismo médico indica reposo con inmovilización de una extremidad durante tres semanas, prescribe antiinflamatorios durante un período y cita al paciente para revisión a los quince días, la jurisprudencia entiende que hay tratamiento médico.

Algunos ejemplos paradigmáticos de la jurisprudencia menor y del Tribunal Supremo ilustran la frontera:

• Fractura de nariz sin desplazamiento: si no requiere reducción y se resuelve con antiinflamatorios, muchas audiencias la han calificado como art. 147.2 o incluso 147.3. Si la fractura requiere reducción bajo anestesia o seguimiento ORL, es art. 147.1.
• Fractura de diente: cuando implica endodoncia, rehabilitación protésica u otras intervenciones odontológicas sucesivas, el Tribunal Supremo ha confirmado la calificación como art. 147.1.
• Conmoción cerebral (concusión): si solo se observa en urgencias y se da de alta, puede quedar en primera asistencia. Si se prescriben controles neurológicos periódicos, hay tratamiento.

El art. 147.2 recoge las denominadas lesiones de «menor gravedad», sancionadas con multa de uno a tres meses, valorando el medio empleado o el resultado producido. Se trata de un tipo atenuado respecto del 147.1, dirigido a conductas en las que la lesión requiere alguna asistencia médica pero su entidad es inferior al umbral del tipo básico.

El art. 147.3 cierra la escala con las lesiones de menor entidad que solo requieren una primera asistencia facultativa, penadas con multa de uno a dos meses. Estos delitos son perseguibles únicamente mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, salvo cuando la víctima sea una persona menor de edad, una persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desamparada.

Lesiones agravadas (Art. 148 CP)

El artículo 148 CP permite elevar la pena del tipo básico del art. 147.1 hasta los dos a cinco años de prisión cuando concurren determinadas circunstancias agravantes específicas. Su aplicación es facultativa: el texto legal dice «podrán ser castigadas», lo que implica que el tribunal debe valorar la conveniencia de aplicar el tipo agravado atendiendo al resultado causado o el riesgo producido.

Las circunstancias contempladas en el art. 148 son las siguientes:

1. Uso de armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas peligrosas

El empleo de un objeto especialmente apto para causar daño justifica la agravación. La jurisprudencia ha incluido en esta categoría no solo las armas propias (navajas, pistolas) sino también objetos contundentes como botellas de cristal, barras de metal o incluso el calzado con suela rígida cuando se usa para golpear a una víctima en el suelo. La peligrosidad se valora de forma objetiva en relación con el tipo de lesión que puede causar el instrumento.

2. Ensañamiento

El ensañamiento como modalidad de las lesiones agravadas —a diferencia de la circunstancia agravante genérica del art. 22.5 CP— no requiere la inhumanidad extrema exigida en el delito de homicidio/asesinato. Basta con que el autor aumente deliberadamente el sufrimiento de la víctima más allá de lo necesario para causar la lesión, por ejemplo, continuar golpeando a quien ya está en el suelo e incapacitado para defenderse.

3. Víctima menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección

La especial vulnerabilidad derivada de la edad o de la discapacidad justifica una respuesta punitiva más severa, ya que estas víctimas tienen capacidades de defensa y de comprensión de la situación reducidas. La reforma de 2015 precisó el concepto de discapacidad, sustituyendo la anterior referencia a «incapaces» por la terminología convencional sobre discapacidad.

4. Víctima pareja o expareja del autor

Cuando la víctima es o ha sido pareja sentimental del autor —con o sin convivencia—, el art. 148.4 permite la agravación. No obstante, esta circunstancia entra en tensión con el art. 153 CP cuando las lesiones son leves, ya que el art. 153 absorbe la conducta con su propio marco punitivo. La aplicación del art. 148.4 resulta más pertinente cuando las lesiones superan el umbral del art. 147.1 y concurre además la relación de pareja.

5. Víctima especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o situación

Esta circunstancia, introducida en el art. 148.5, tiene un alcance residual respecto de las anteriores y permite abarcar situaciones de vulnerabilidad no contempladas específicamente, como la avanzada edad de la víctima, su estado de embarazo o su situación de dependencia de la que el autor se aprovecha.

Lesiones graves y muy graves (Arts. 149-150 CP)

Los artículos 149 y 150 CP tipifican las modalidades más severas de lesiones dolosas, diferenciadas entre sí por la naturaleza del resultado producido. Ambos preceptos sancionan únicamente el resultado lesivo grave y no requieren medios comisivos específicos; lo relevante es la entidad del daño causado.

El art. 149 CP prevé una pena de prisión de seis a doce años para quien cause alguno de los siguientes resultados:

• Pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal: el ojo, el oído de un lado, la mano, el riñón o el pulmón son ejemplos de órganos «principales» según la jurisprudencia, por su importancia funcional para el organismo. La pérdida de un ojo ha sido reiteradamente catalogada como supuesto del art. 149 por el Tribunal Supremo.
• Impotencia o esterilidad: la afectación permanente de la capacidad sexual o reproductiva.
• Deformidad grave: alteración permanente de la figura humana que resulta visible para terceros y que provoca un impacto estético significativo. La jurisprudencia distingue la deformidad grave (art. 149) de la deformidad sin ese calificativo (art. 150), siendo la primera la que produce una repulsa objetiva generalizada o un trastorno funcional notable.
• Enfermedad somática o psíquica grave: el resultado de una enfermedad psíquica grave —como un trastorno de estrés postraumático de intensidad severa e irreversible— puede encuadrarse en este tipo, lo que reviste especial importancia en supuestos de violencia prolongada.

El art. 150 CP sanciona con prisión de tres a seis años la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la producción de deformidad. El criterio diferenciador con el art. 149 es, por tanto, la importancia funcional del órgano afectado (un dedo, una oreja) o la menor entidad de la deformidad causada.

La determinación de si una deformidad es «grave» o no lo es constituye una de las cuestiones más debatidas en la jurisprudencia. El Tribunal Supremo ha establecido que la deformidad es toda irregularidad física, permanente y visible, que supone una modificación corporal notable. La gravedad se aprecia cuando la alteración es ostensible, provoca una reacción desfavorable en quienes la contemplan y afecta a zonas visibles del cuerpo, especialmente el rostro. Una cicatriz facial significativa puede ser deformidad del art. 150; una cicatriz facial extensa con pérdida de tejido puede alcanzar el art. 149.

Lesiones en violencia de género (Art. 153 CP)

El artículo 153 CP, reformado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituye un tipo específico que absorbe las lesiones leves y el menoscabo psíquico cuando se producen entre parejas o exparejas sentimentales. La pena establecida es de prisión de seis meses a un año, a la que se añaden obligatoriamente penas accesorias de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y, en su caso, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, la tutela u otras.

Una característica fundamental del art. 153 es que incluye expresamente el menoscabo psíquico, lo que permite tipificar conductas que no producen lesión física alguna pero sí un daño psicológico demostrable. Insultos sistemáticos, humillaciones reiteradas o conductas de control que generan en la víctima un estado de ansiedad o depresión clínicamente objetivable pueden constituir el tipo del art. 153, siempre que se acredite el resultado de menoscabo psíquico mediante informe pericial.

El art. 153.3 prevé la agravación de la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o con quebrantamiento de las medidas de alejamiento. Esta agravación es de aplicación frecuente en la práctica, dado que muchos episodios de violencia doméstica ocurren en el propio hogar familiar.

La distinción de género importa también para la perseguibilidad y para la tutela institucional. Cuando el agresor es el hombre y la víctima la mujer que es o ha sido su pareja, la competencia corresponde a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con protocolos específicos y medidas cautelares reforzadas. Cuando la violencia es bidireccional o el agresor es la mujer, la competencia recae en los juzgados ordinarios bajo el régimen del art. 153.2 CP, que prevé la misma pena pero sin el plus de protección de la Ley Integral.

Lesiones por imprudencia (Art. 152 CP)

El artículo 152 CP tipifica las lesiones causadas por imprudencia, cerrando el sistema con la punición del comportamiento negligente que produce resultados lesivos de entidad. Tras la reforma de 2015, se distingue entre imprudencia grave e imprudencia menos grave, y se requiere que el resultado sea, al menos, el tipificado en los arts. 149 o 150 CP; los resultados del art. 147 causados por imprudencia no son punibles penalmente.

La imprudencia grave del art. 152.1 se castiga con prisión de uno a tres años si el resultado es el del art. 149, y con prisión de seis meses a dos años si es el del art. 150. Implica una infracción especialmente intensa del deber de cuidado, como puede ser la conducción a velocidad muy elevada en zona urbana, la realización de una intervención médica sin las precauciones elementales del arte o el trabajo en altura sin dispositivos de seguridad básicos.

La imprudencia menos grave del art. 152.2, introducida por la LO 2/2019, conlleva una pena de multa de tres a dieciocho meses si el resultado es el del art. 149, y de multa de uno a cuatro meses si es el del art. 150. Este supuesto es particularmente relevante en siniestros de tráfico de gravedad media, en los que la conducción negligente —sin llegar a la gravedad de la imprudencia penal clásica— produce lesiones permanentes en la víctima.

En el ámbito de los accidentes de tráfico, el art. 152 coexiste con los tipos específicos de los arts. 379-385 (delitos contra la seguridad vial). Si del accidente resulta una lesión del art. 149 o 150 CP, el juez deberá determinar si la conducción imprudente que lo causó es reconducible al art. 152 o si existe un concurso con los delitos viales. La negligencia médica también es fuente habitual de procedimientos por el art. 152, y en estos casos cobra especial relevancia el peritaje médico-forense para acreditar tanto la infracción de la lex artis como el nexo causal con el resultado.

Defensa jurídica: estrategias habituales

La defensa en los delitos de lesiones tiene múltiples frentes. Cada estrategia depende de los hechos concretos, de la prueba disponible y de la calificación que el fiscal mantenga en su escrito de acusación. A continuación se exponen las más frecuentes:

Legítima defensa (Art. 20.4 CP)

La eximente completa de legítima defensa requiere: agresión ilegítima (real e inminente), necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y falta de provocación suficiente por parte del defensor. Si alguno de estos elementos falta, puede apreciarse una eximente incompleta del art. 21.1 CP, que atenúa la pena de manera muy significativa. La defensa debe acreditar la agresión previa mediante testigos, grabaciones o informes forenses que documenten las lesiones del propio acusado.

Consentimiento de la víctima (Art. 155 CP)

El consentimiento válida y libremente prestado por el sujeto pasivo reduce la pena en uno o dos grados, pero no excluye la responsabilidad penal con carácter general (salvo en los supuestos del art. 156 CP: trasplantes, cirugía estética, experimentación). Esta estrategia es relevante en peleas consentidas, deportes de contacto fuera de competición reglada o prácticas lesivas mutuamente aceptadas.

Impugnación del tratamiento médico

La estrategia más habitual en lesiones del art. 147.1 es discutir si las lesiones han requerido realmente tratamiento médico o quirúrgico o si bastó con la primera asistencia. Para ello, la defensa puede solicitar el historial clínico completo, analizar si las revisiones posteriores fueron por necesidad clínica real o simplemente de comprobación, y proponer un médico forense o perito de parte que dictamine al respecto. Esta estrategia puede conseguir la degradación del tipo del art. 147.1 al art. 147.3, con la correspondiente reducción de pena de hasta treinta y seis meses de prisión a una multa de uno a dos meses.

Cuestionamiento del resultado y del nexo causal

En lesiones graves (arts. 149-150), la defensa puede cuestionar si la secuela permanente es efectivamente consecuencia de la acción del acusado o si preexistía o fue agravada por patologías previas del perjudicado. El peritaje médico-forense es esencial para esta estrategia.

Atenuantes y circunstancias modificativas

La confesión ante las autoridades (art. 21.4), la reparación del daño antes del juicio (art. 21.5), el estado de arrebato u obcecación (art. 21.3) o la grave adicción a sustancias (art. 21.2) pueden rebajar la pena hasta en uno o dos grados. En muchos casos de lesiones leves, la reparación del daño mediante acuerdo con la víctima permite alcanzar una conformidad que evita el juicio oral.

La responsabilidad civil derivada del delito de lesiones

Todo delito de lesiones genera, junto a la responsabilidad penal, una responsabilidad civil ex delicto que debe ser exigida —salvo reserva expresa— en el propio proceso penal. Su contenido abarca la indemnización por los daños corporales, los daños morales y los perjuicios económicos causados a la víctima.

Para la cuantificación de los daños en accidentes de tráfico, el sistema de referencia es el baremo establecido por la Ley 35/2015, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Aunque su aplicación directa se circunscribe a los accidentes de tráfico, los tribunales lo utilizan con frecuencia como guía orientadora en lesiones dolosas cuando no existe otro parámetro de valoración.

Los principales conceptos indemnizables son:

• Días de incapacidad temporal: se distingue entre días de hospitalización (mayor indemnización diaria) y días ambulatorios con o sin impedimento para la actividad habitual.
• Secuelas permanentes: cada secuela se valora en puntos (1-100) según su naturaleza y repercusión funcional, y el importe por punto varía según la edad y la gravedad total de las secuelas.
• Daños morales: el sufrimiento psicológico, el perjuicio estético y el perjuicio de la vida de relación son conceptos autónomos valorables.
• Gastos médicos y de rehabilitación: todos los gastos acreditados, incluidos los de asistencia futura previsible.
• Lucro cesante: pérdida de ingresos durante la recuperación y, si hay secuelas permanentes, reducción de la capacidad productiva futura.

La acción civil puede ejercerse de forma conjunta con la penal —lo habitual— o reservarse para un proceso civil posterior. Si la víctima no reserva ni renuncia expresamente a la acción civil, el Ministerio Fiscal la ejercitará de oficio en el proceso penal.

Jurisprudencia clave del Tribunal Supremo

La doctrina jurisprudencial es determinante en los delitos de lesiones, dado que muchos de los conceptos clave —tratamiento médico, deformidad, órgano principal— no están definidos legalmente y han sido precisados por el Tribunal Supremo a lo largo de décadas de jurisprudencia. Las resoluciones más relevantes son las siguientes:

• STS 1009/2012: sienta la doctrina consolidada sobre el concepto de tratamiento médico o quirúrgico. El Tribunal Supremo reitera que tratamiento no es sinónimo de asistencia médica, sino que requiere un plan terapéutico con actos médicos sucesivos. La mera vigilancia evolutiva, aunque implique visitas médicas, no es tratamiento si no se añaden nuevas actuaciones terapéuticas.
• STS 599/2004: define la deformidad como toda irregularidad física, permanente y visible que suponga una modificación corporal notable. Establece que debe ser apreciable objetivamente y que no es necesario que sea especialmente llamativa; basta con que sea permanente y visible para terceros en condiciones normales.
• STS 1089/2009: sobre la pérdida de la visión de un ojo como supuesto del art. 149 CP (órgano principal). El Tribunal confirma que la visión binocular es funcionalmente relevante y que su pérdida encaja en el tipo agravado.
• STS 214/2017: en el ámbito de la violencia de género, establece que el menoscabo psíquico del art. 153 CP debe acreditarse pericialmente, pero que no requiere la producción de un trastorno mental consolidado; basta con un deterioro del bienestar psicológico clínicamente significativo.
• STS 340/2020: sobre la distinción entre imprudencia grave y menos grave en accidentes de tráfico. El Tribunal fija criterios para valorar la intensidad de la infracción del deber de cuidado atendiendo a la previsibilidad del resultado, la entidad de la norma infringida y la magnitud del riesgo generado.

Esta jurisprudencia es de consulta imprescindible para cualquier abogado que intervenga en un procedimiento por lesiones, tanto desde la acusación como desde la defensa, y permite anticipar el criterio del tribunal sobre la calificación jurídica más adecuada de los hechos.

¿Cuánto tiempo dura un juicio por lesiones?

La duración de un procedimiento penal por lesiones depende del tipo delictivo en juego y del órgano judicial competente. Con carácter general, los delitos del art. 147.1 CP se tramitan por el procedimiento abreviado (arts. 757-794 LECrim), que es el cauce ordinario para delitos con pena máxima inferior a nueve años de prisión.

El iter procesal habitual en el procedimiento abreviado por lesiones básicas es el siguiente:

• Denuncia e instrucción: el Juzgado de Instrucción investiga los hechos, practica las diligencias necesarias (informe forense, declaración del denunciado, testigos) y, una vez concluida la instrucción, dicta auto de apertura del juicio oral o de sobreseimiento. Esta fase suele durar entre seis y doce meses.
• Fase intermedia y escritos de acusación: el Ministerio Fiscal y, en su caso, la acusación particular formulan sus conclusiones provisionales, y la defensa presenta las suyas. Puede durar dos o tres meses adicionales.
• Juicio oral: celebrado ante el Juzgado de lo Penal, tiene una duración habitualmente de pocas horas en lesiones básicas. La espera desde la apertura del juicio oral hasta la celebración puede ser de seis a doce meses, según la carga del juzgado.
• Sentencia y recursos: el plazo para dictar sentencia en el juicio oral es de cinco días hábiles (art. 789 LECrim). Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, lo que puede añadir otros seis a doce meses.

En total, un procedimiento por lesiones básicas que llega a juicio suele resolverse en un plazo de entre doce y veinticuatro meses desde la denuncia hasta la sentencia firme, aunque en jurisdicciones congestionadas puede prolongarse más. La vía de la conformidad —acuerdo entre las partes sobre los hechos y la pena— permite en muchos casos una resolución anticipada en la propia fase de instrucción o en el acto del juicio oral, evitando la celebración del debate contradictorio y reduciendo sensiblemente los plazos.

Los delitos de los arts. 147.2 y 147.3 se tramitan como delitos leves (antes juicio de faltas), con un procedimiento mucho más ágil y concentrado, que puede resolverse en una única vista en el Juzgado de Instrucción, habitualmente en un plazo de dos a seis meses desde la denuncia.

Preguntas frecuentes sobre el delito de lesiones

¿Qué pena tiene el delito de lesiones en España?

La pena varía enormemente en función del tipo de lesión y del precepto aplicable. En el extremo inferior, las lesiones que solo requieren una primera asistencia facultativa (art. 147.3 CP) se castigan con multa de uno a dos meses. En el extremo superior, las lesiones muy graves que producen pérdida de un órgano principal, deformidad grave o enfermedad psíquica grave (art. 149 CP) llevan aparejada una pena de prisión de seis a doce años. Entre ambos extremos se sitúan las lesiones básicas del art. 147.1 (prisión de seis meses a tres años), las agravadas del art. 148 (dos a cinco años) y las graves del art. 150 (tres a seis años).

¿Cuándo pasan las lesiones de falta a delito?

Las antiguas faltas de lesiones fueron suprimidas por la Ley Orgánica 1/2015. Desde entonces, todas las lesiones que requieran al menos una primera asistencia facultativa son constitutivas de delito leve (art. 147.2 o 147.3 CP). Las lesiones que no alcanzan ese umbral mínimo de asistencia carecen de relevancia penal. Por tanto, la pregunta ya no es cuándo las lesiones «pasan de falta a delito», sino qué subtipo del art. 147 resulta aplicable en función del tratamiento requerido.

¿Qué se considera lesiones graves en el Código Penal?

En sentido técnico, el Código Penal utiliza la denominación «lesiones graves» para referirse a los supuestos del art. 150 CP: pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal (por ejemplo, un dedo de la mano o un pabellón auricular), o producción de deformidad. La pena es de tres a seis años de prisión. Las lesiones aún más severas del art. 149 —pérdida de órgano principal, impotencia, esterilidad, deformidad grave, enfermedad grave— se denominan coloquialmente «muy graves» y llevan pena de seis a doce años.

¿Cuánto tiempo tiene la víctima para denunciar lesiones?

El plazo de prescripción del delito de lesiones varía según la pena máxima prevista: un año para las lesiones del art. 147.3, tres años para las del art. 147.1 y 147.2, cinco años para las del art. 148, y diez años para las de los arts. 149 y 150. El plazo se computa desde el momento en que el delito se cometió, con las particularidades sobre cómputo del dies a quo establecidas en el art. 132 CP. En delitos de violencia de género, los plazos no se suspenden por la relación afectiva ni por la convivencia con el agresor. Aunque no existe un plazo para denunciar —la denuncia es siempre posible dentro del período de prescripción—, cuanto antes se denuncie más fácil es conservar la prueba forense y testifical.

¿Qué pasa si el agresor alega defensa propia?

La legítima defensa es una eximente que, si se aprecia en su forma completa, excluye la responsabilidad penal por las lesiones causadas. Para ello deben concurrir: agresión ilegítima previa o inminente, necesidad racional del medio empleado para repelerla y falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Los tribunales examinan con rigor estos requisitos, y la mera alegación de defensa propia no es suficiente; el acusado debe acreditarla. Si se estiman solo parcialmente los requisitos, el tribunal puede aplicar una eximente incompleta como atenuante muy cualificada, lo que puede rebajar la pena en uno o dos grados. En la práctica, el éxito de la legítima defensa depende en gran medida de la prueba de la agresión previa: lesiones propias documentadas en urgencias, testigos o grabaciones de cámara.