Artículo 250 del Código Penal

Artículo 250 del Código Penal — Estafa Agravada

«1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. 2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. 3.º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. 4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas. 6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. 7.º Se cometa estafa procesal. 8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente por tres o más delitos comprendidos en este Capítulo. 2. Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º y 5.º del apartado 1 de este artículo, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.»

Qué establece el artículo 250 del Código Penal

El artículo 250 del Código Penal regula los tipos agravados de estafa, configurando un sistema de penalidad escalonada que puede elevar la pena privativa de libertad hasta ocho años en los supuestos más graves. El precepto responde a la necesidad de sancionar con mayor severidad aquellas estafas que, por sus circunstancias, superan el injusto ordinario del artículo 248: ya sea por la entidad del perjuicio económico, por la vulnerabilidad de los bienes afectados, por el abuso de confianza o por la especial reprochabilidad del medio comisivo.

El artículo 250 es uno de los preceptos más aplicados en la práctica forense española, particularmente en el ámbito de los fraudes inmobiliarios, las estafas de inversión, los fraudes de consumo masivo y la defraudación procesal. Su importancia práctica es enorme porque determina si el condenado puede acceder a la suspensión de la ejecución de la pena o inevitablemente ingresa en prisión.

El apartado 2 del artículo introduce la denominada «hiperagravación» o «super-tipo»: cuando concurren simultáneamente la especial gravedad del perjuicio (número 4.º) y la superación de los 50.000 euros o la pluralidad de víctimas (número 5.º), la pena se eleva a prisión de cuatro a ocho años, lo que convierte la estafa en un delito grave en sentido técnico-jurídico con plazos de prescripción de diez años.

Elementos del tipo penal

Cada una de las ocho circunstancias agravantes del artículo 250.1 presenta perfiles específicos que la jurisprudencia ha ido precisando:

1.º Cosas de primera necesidad, viviendas y bienes de reconocida utilidad social: Esta agravante cobra especial relieve en los fraudes inmobiliarios sobre vivienda habitual. El comprador que entrega cantidades a cuenta de un piso que nunca recibe, o el inquilino engañado por un falso propietario, son víctimas de una estafa que recae sobre la vivienda como bien de primera necesidad. La jurisprudencia ha extendido el concepto a medicamentos, suministros energéticos básicos y servicios esenciales para determinados colectivos.

4.º Especial gravedad atendiendo al perjuicio y a la situación económica de la víctima: Este numeral no atiende solo a la cuantía absoluta del perjuicio, sino a su impacto relativo en la situación patrimonial de la víctima. Una defraudación de 20.000 euros puede revestir especial gravedad para una familia de escasos recursos que pierde sus ahorros de toda la vida, aunque no alcance los 50.000 euros del numeral 5.º. Este enfoque relacional de la gravedad es una particularidad del sistema español y ha generado debate sobre su compatibilidad con el principio de legalidad estricta.

5.º Valor superior a 50.000 euros o pluralidad de víctimas: Es la agravante más frecuentemente aplicada. El umbral de 50.000 euros es objetivo y se computa incluyendo todos los perjuicios causados en el contexto del mismo delito continuado. La alternativa de «elevado número de personas» cubre las estafas masivas de pequeña cuantía individual (fraudes de consumo, timos telefónicos) en las que la suma de las víctimas justifica la mayor reprochabilidad.

6.º Abuso de relaciones personales o credibilidad empresarial o profesional: El abuso de confianza derivado de una relación de amistad, familiar o profesional preexistente agrava la estafa porque el autor se vale de un vínculo que la víctima no tiene motivos para sospechar. El abuso de credibilidad profesional cubre al asesor financiero, al abogado, al médico o al arquitecto que utiliza su posición de autoridad técnica para generar confianza y ejecutar el engaño.

7.º Estafa procesal: Modalidad específica que consiste en inducir a error al juez o tribunal mediante la aportación de documentos, pruebas o datos falsos en un procedimiento judicial. La víctima de la disposición patrimonial no es el juez —que carece de patrimonio propio— sino la parte contraria del proceso. El TS ha matizado que la falsedad documental asociada a la estafa procesal puede concurrir en concurso medial con la falsedad del artículo 392 CP.

Pena prevista y su aplicación práctica

La pena mínima de cuatro años del artículo 250.2 tiene consecuencias procesales decisivas: impide la suspensión de la ejecución de la pena (art. 80 CP, límite de dos años para primarios sin circunstancias excepcionales) y condiciona el acceso al tercer grado penitenciario. Además, la multa de doce a veinticuatro meses puede alcanzar, dependiendo de la cuota diaria fijada según el patrimonio del condenado, cantidades muy significativas.

En cuanto a la compatibilidad entre las distintas agravantes del art. 250.1, el Tribunal Supremo ha admitido la aplicación simultánea de varias circunstancias —por ejemplo, 1.º y 5.º en una estafa inmobiliaria masiva— sin que ello infrinja el principio non bis in idem, siempre que cada agravante responda a un fundamento de mayor injusto autónomo.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

La hiperagravación del art. 250.2: La STS 651/2022, de 30 de junio, precisa los requisitos del art. 250.2: deben concurrir simultáneamente la especial gravedad del perjuicio (número 4.º) y bien la superación de los 50.000 euros bien la pluralidad de víctimas (número 5.º). La Sala advierte que no basta con que la cuantía supere los 50.000 euros si no concurre el requisito de especial gravedad para la víctima. Sin embargo, en la práctica, cuando el perjuicio supera ampliamente ese umbral, los tribunales suelen apreciar también la especial gravedad.

Estafa procesal: La STS 523/2015, de 5 de octubre, define la estafa procesal como aquella en que el engaño se dirige al juez para que, mediante resolución judicial, cause un perjuicio patrimonial a la parte contraria. Es esencial que haya un proceso en curso o que se inicie específicamente para ejecutar el fraude. La simple aportación de documentos falsos a un proceso no basta si no tiene como objetivo la disposición patrimonial de la parte contraria a través de la resolución judicial.

Fraudes inmobiliarios masivos: La STS 1028/2019, de 20 de febrero de 2020, en un caso de promoción inmobiliaria fraudulenta con más de cien víctimas y perjuicio superior a un millón de euros, aplica el art. 250.2 y razona que la concurrencia de las circunstancias 1.º (vivienda), 5.º (> 50.000 € y elevado número de personas) y 4.º (especial gravedad) no vulnera el principio non bis in idem porque cada una responde a un desvalor autónomo: la naturaleza del bien afectado, el volumen del perjuicio y el impacto en las víctimas concretas.

Relación con otros artículos

• Artículo 248 CP: Define el tipo básico de estafa del que el art. 250 es agravación. Los elementos del tipo del 248 deben concurrir íntegramente para que pueda aplicarse el 250.
• Artículo 249 CP: Establece la pena del tipo básico. El art. 250 desplaza la aplicación del 249 cuando concurre alguna de sus agravantes.
• Artículo 251 CP: Estafa inmobiliaria específica (doble venta, disposición de bien gravado). El art. 251 es un tipo específico respecto al 248/250, pero cuando la conducta encaja en el 251 y además concurren agravantes del 250, la jurisprudencia debate si se aplica el específico con sus penas propias o el 250. La postura dominante aplica el concurso de normas resolviéndolo por especialidad a favor del 251, salvo que las agravantes del 250 eleven la pena por encima de la prevista en el 251.
• Artículo 74 CP: Delito continuado. En grandes estafas ejecutadas mediante múltiples actos individuales, la regla del delito continuado permite acumular los perjuicios y determinar si se supera el umbral de los 50.000 euros del art. 250.1.5.º, con la consiguiente aplicación del tipo agravado.

¿Cuándo se aplica la pena de cuatro a ocho años del artículo 250.2?

El artículo 250.2 requiere la concurrencia simultánea de dos condiciones: primera, que el perjuicio revista especial gravedad atendiendo a su entidad y a la situación económica en que deja a la víctima (numeral 4.º); y segunda, que la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas (numeral 5.º). Ambas deben concurrir de forma autónoma: la mera superación de los 50.000 euros no activa automáticamente el 250.2 si no se acredita que el perjuicio es especialmente grave para la víctima. En la práctica, sin embargo, cuando la cuantía es muy elevada en relación con el patrimonio de la víctima, los tribunales tienden a apreciar ambas circunstancias de forma conjunta.

¿La estafa sobre vivienda siempre aplica el artículo 250?

No automáticamente. Para que se aplique el numeral 1.º del artículo 250.1 es necesario que el engaño recaiga sobre la vivienda como bien en sí —que sea el objeto del acto de disposición—, no simplemente que la víctima destine el dinero defraudado a pagar una vivienda. La estafa debe tener como objeto directo la vivienda o el derecho sobre ella. Además, la vivienda debe ser de primera necesidad para la víctima, lo que excluye la compraventa de inmuebles como inversión especulativa del ámbito de aplicación del numeral 1.º, aunque en tales supuestos otras agravantes (en especial la del número 5.º si la cuantía supera 50.000 euros) puedan igualmente resultar de aplicación.

¿Qué es exactamente la estafa procesal del numeral 7.º?

La estafa procesal consiste en utilizar un procedimiento judicial como instrumento para obtener una resolución que cause perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un tercero. El «engaño» se dirige al juez o tribunal mediante la aportación de documentos falsos, testigos mendaces o alegaciones conscientemente falsas sobre hechos determinantes del fallo. La víctima no es el órgano judicial sino quien sufre el perjuicio patrimonial derivado de la resolución obtenida mediante fraude. El Tribunal Supremo ha precisado que la estafa procesal absorbe la falsedad documental cuando ésta es el medio comisivo, salvo que la falsedad sea de tal entidad que merezca reproche autónomo, en cuyo caso se aplica el concurso medial del artículo 77.2 CP.